El expediente judicial sobre la presunta usurpación de vivienda en Tolhuin está en sus inicios, con denuncias ratificadas hace aproximadamente dos semanas y declaraciones testimoniales programadas para octubre. Hasta el momento, no se ha fijado fecha de inicio para el proceso ni se han realizado las pruebas necesarias para determinar la existencia o no de delito. Desde la defensa alegan que no existen elementos que justifiquen la comisión de un delito y que aún no se han llevado a cabo las pruebas que podrían confirmar esta ausencia de ilícitos
El abogado Francisco Ibarra, que asiste a varias de las partes involucradas en el conflicto de manera personal, explicó que la polémica inicio con la ocupación por parte del municipio de una vivienda que pertenecía a un particular. «El municipio entendió que esta vivienda estaba abandonada, estaba desocupada, y como no habían presentado todos los trámites correspondientes de titularidad, el municipio tomó posesión y la entregó a un centro de jubilados, para lo cual había un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante» explicó.
Señaló que el procedimiento está dentro del marco legal vigente, sujeto a la ordenanza de tierras fiscales y que actualmente se encuentran en las etapas iniciales de investigación judicial tanto en el ámbito penal como en el contencioso administrativo.
Sobre la reacción mediática y política que generó esta causa, Ibarra fue contundente: «Las declaraciones desafortunadas son propias de los tiempos políticos que vivimos… eso es agarrar un libro y leer la última página antes de saber de qué se trata.» Enfatizó que la causa está en la fase preliminar de investigación y que aún no hay procesamiento, ni inhabilitación de los denunciados, quienes son personas de relevancia pública como el intendente y funcionarios del gobierno municipal.
El abogado aclaró que en un proceso penal típico se realizan una serie de pasos, desde la denuncia hasta la posible condena, y que en este caso recién se están tomando las primeras testimoniales. «Todavía no ejercimos, no se llevaron a cabo las pruebas que van a determinar la ausencia o presencia de delitos», señaló.
Sobre el inmueble en cuestión, precisó que desde abril el municipio había realizado actos administrativos respecto al inmueble, y que fue recién en septiembre que se puso en posesión a la parte interesada. Además, destacó que el Superior Tribunal de Justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la denunciante, lo que confirma que el tema sigue un cauce judicial normal.
Cuando se le preguntó si la causa podía tener un tinte electoral, Ibarra señaló: «Evidentemente, esto lo que busca es tener un efecto puramente mediático, prácticamente de campaña.» Añadió que las personas involucradas tienen un alto perfil público por lo que es esperable que se busque ese tipo de repercusión.
Finalmente, respecto a otro proceso en el que interviene, dijo que está a la espera de una resolución del Superior Tribunal donde ya hubo sobreseimiento y confirmación por cámara de apelaciones, por la inexistencia de delito.
Ibarra concluyó con un llamado a la prudencia: «Estamos recién empezando, no hay nada concreto más allá de la denuncia inicial. Hay que respetar el proceso judicial y no adelantar juicios. Esto recién comienza y aún queda mucho camino procesal por recorrer.»
Esta declaración pone en relieve la importancia de distinguir entre la vorágine mediática y la realidad jurídica de los casos que involucran a funcionarios y actos públicos, especialmente en contextos sensibles y con fuerte exposición pública.
Radio Provincia
