La ex concejal Miriam “Laly” Mora alertó sobre la difícil situación que atraviesan los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) en Tierra del Fuego, luego del reciente incremento del 100% en el precio y la reducción en la cantidad de tubos que se entregan por familia. “Ahora la gente debe reempadronarse para ver si puede volver a adquirir esos 50 kilos que le corresponden”, explicó la dirigente en diálogo con Radio Provincia, y aseguró que la medida está golpeando con fuerza “a los sectores más vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y comedores comunitarios”.
Según Mora, en los encuentros barriales “la discusión es que no se alcanza, no se llega”, un reclamo que se repite en toda la provincia frente al encarecimiento del gas envasado, indispensable para calefacción y cocina en los hogares que no cuentan con red natural.
Un proyecto para garantizar la equidad energética
Junto a distintas organizaciones políticas y sociales, Mora impulsó un proyecto de ley de Equidad Energética Provincial, orientado a asistir a los hogares más afectados por el costo del gas. El texto, que fue modificado tras reuniones con vecinos de barrios informales, busca frenar los recortes en la provisión y crear mecanismos de apoyo directo.
“En los merenderos y comedores ha crecido mucho la demanda. Cocinan mucho más, pero reciben la misma cantidad de gas que otro vecino”, detalló.
Mora explicó que actualmente la reducción “alcanza a los 50 kilos —un tubo y media garrafa—, y cada uno cuesta unos 6 mil pesos”. “Algunos vecinos no llegan, y además las viviendas están en zonas de humedales o turbales, con mucha humedad y filtraciones. Eso hace que el consumo sea todavía mayor”, advirtió.
De acuerdo con los datos que maneja la dirigente, Ushuaia concentra más de 4.300 usuarios de GLP, sobre un total provincial de 7.600 familias.
Durante un encuentro con referentes barriales, Mora señaló que una vecina le transmitió información que —según dijo— provino directamente del gobernador: “Para el próximo año habrá una segunda quita de más de 50 kilos y un aumento del 40%. El kilo de gas va a llegar a 120 pesos”, afirmó. “Multiplicando eso por los 45 kilos de un tubo o los 10 de una garrafa, será un gasto millonario”.
La ex concejal cuestionó la falta de acompañamiento social del gobierno provincial y adelantó que el proyecto legislativo incluirá una cláusula expresa para rechazar cualquier tipo de reducción o suspensión del servicio. “No se le puede cortar el gas a la gente”, enfatizó.
También criticó versiones que mencionaban la eliminación de la tarjeta solidaria de gas, un beneficio provincial que se acreditaba de forma directa. “Se hablaba de que iban a sacar la tarjeta y depositar el dinero en una cuenta. Pero la gente tiene derecho a elegir cómo comprar su gas. La lucha por esa tarjeta fue un ejemplo, incluso Nación la tomó y la replicó en todo el país”, recordó.
Mora advirtió que actualmente no se están realizando nuevos empadronamientos, lo que deja a muchas familias fuera del sistema de asistencia. “Hay adultos mayores, pacientes oncológicos y hasta gente que se está duchando en los natatorios porque no tiene cómo calentar agua en su casa. La necesidad es mucha”, lamentó.
Con temperaturas todavía bajas y el invierno que se extiende en el sur, la dirigente insistió en que “el acceso al gas no puede seguir siendo un privilegio, sino un derecho básico que el Estado debe garantizar”.
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