El secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Juan Carrizo, celebró la decisión de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas de frenar el intento del dirigente sindical Horacio Catena de acceder a cargos jerárquicos y sueldos retroactivos sin cumplir los requisitos legales establecidos.
Carrizo explicó que la presentación realizada en junio tuvo una respuesta rápida por parte de la Fiscalía y, un poco más tarde, del Tribunal de Cuentas. “Ya lo recibimos, entonces terminó de cerrar el circuito administrativo”, señaló.
Según detalló, la observación se originó a partir de un acta que circulaba en redes sociales con la firma de funcionarios del Ministerio de Educación y de docentes exonerados que buscaban reincorporarse. “Ese documento planteaba la reincorporación a cargos previos, la posibilidad de calcular qué puesto hubieran ocupado de seguir en carrera y hasta un resarcimiento patrimonial por los años que no pudieron ejercer. Esa fue la base del pedido, pero allí se violaron claramente los procedimientos normales de ascenso”, remarcó.
Carrizo advirtió que, pese a que el Ministerio de Educación intentó desligarse de responsabilidades alegando que se trató de una reunión técnica “sin carácter vinculante”, en la práctica sí se avanzó con gestiones posteriores. “Solicitaron a la Caja de Previsión y a Recursos Humanos que calcularan salarios y aportes previsionales. Ahí es donde encontramos una contradicción: se tomaron medidas sobre algo que todavía estaba en revisión”, explicó.
La intervención de AMET, dijo, “quizás frenó toda esta posibilidad de una reconstrucción indebida de carrera”. Y subrayó que, aunque no se configuró aún un error administrativo, “si se hubiese continuado por ese camino, se habría violado el estatuto docente y los procedimientos correspondientes”.
En sus declaraciones, Carrizo apuntó además contra la Junta de Clasificación y Disciplina de nivel secundario, a la que acusó de “actuar ilegalmente” y de favorecer a determinados sectores. “No puede reconstruir la carrera de alguien pasando por alto a todos los docentes que cada año se inscriben, concursan, se capacitan y suman puntaje. Además, los integrantes que firmaron ese acta son representantes sindicales con mandato vencido”, cuestionó.
“Hay un modus operandi en la Junta que es beneficiar a algunos en perjuicio de otros, y lo estiran en el tiempo para que siga alargándose”, denunció.
Finalmente, el dirigente sindical marcó que lo ocurrido refleja “una desigualdad marcada por la política de un gobierno que le permitió a algunos hacer lo que quieran con la educación de la provincia, mientras al resto nos cierran las puertas para participar. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados: hicimos las presentaciones necesarias para que se cumplan las normas”.
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