La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Adriana Chapperón dijo que la provincia enfrenta “una situación complicada”, agravada por la reducción de recursos y el aumento constante de demandas en servicios sociales. “Los momentos de crisis lo que peor les pasa es a los más vulnerables siempre”, reconoció, al tiempo que explicó que las limitaciones presupuestarias hacen aún más difícil cubrir necesidades crecientes, desde alquileres hasta servicios funerarios y materiales de construcción, en una región marcada por incendios recurrentes.
Chapperón desmintió algunas críticas sobre la falta de aumentos a las pensiones no contributivas (RUPE), asegurando que “no es real que no se haya generado ninguna recomposición” y que estos incrementos están atados a la categoría diez de origen. “Prácticamente tienen un aumento del 4%, que se pagará a principios de octubre, y eso lleva la pensión a casi 534.000 pesos, que antes estaba bajísima”, detalló, al tiempo que admitió que, a pesar de los esfuerzos, “los presupuestos nunca alcanzan para todo lo que se necesita”.
Reconoció además que, si bien se han hecho avances significativos en la atención a personas con discapacidad, “faltan profesionales”, un problema que se siente especialmente en el centro de rehabilitación provincial, “un lujo que no existe en el resto de la Patagonia”. Sobre el pago de bonos adicionales, señaló que “todos han sido trasladados en proporción, aunque estamos a la espera de una última suma que aparentemente puede tener un atraso”, pero que estas cuestiones son explicadas con detalle a través de invitaciones abiertas a las asociaciones y a la comunidad interesada.
El cuidado a quienes reciben pensiones también está en la mira. Chapperón destacó que se realiza una revisión anual para asegurar la legitimidad de las prestaciones, citando casos de personas que no declaran ingresos o que superan el umbral legal, lo que puede llevar a la suspensión del beneficio. “Cuando los niños cumplen 18 años, se evalúa su capacidad laboral, y muchos pueden trabajar, aunque no siempre tienen oportunidades. Estamos trabajando en talleres y capacitaciones para facilitar su inserción laboral real”, detalló la ministra, que subrayó que muchas personas con discapacidad “prefieren trabajar antes que recibir más dinero”.
El Ministerio trabaja además en aclarar la confusión sobre cómo se pagan las RUPE y los incrementos mediante consejos provinciales y en colaboración con el Ministerio de Salud, para que la información sea transparente y accesible. Chapperón recalcó que es fundamental poner límites al uso de recursos en casos de abusos, como personas que generan un número excesivo de consultas médicas innecesarias, para conservar la sostenibilidad del sistema.
El clima en los centros de atención infantil es otra preocupación: la ministra admitió que persisten dificultades, como falta de personal y problemas de infraestructura, que afectan directamente a los niños y familias. “Ya he dicho lo que puedo hacer y lo que no, y a través del gremio pedimos paciencia en este momento complejo donde los salarios públicos no alcanzan”, afirmó.
“Hay situaciones en las que si el Estado no se hace cargo, no se hace cargo nadie, y tenemos que estar presentes”, concluyó Chapperón, marcando el compromiso y la realidad urgente de Tierra del Fuego en un contexto de creciente vulnerabilidad social y ajustes presupuestarios.
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