El bloque legislativo del Movimiento Popular Fueguino (MPF) presentó un proyecto para derogar la Ley Provincial N° 1136, que creó en 2016 al Laboratorio del Fin del Mundo S.A. La propuesta busca disolver la empresa y liquidar sus bienes en un máximo de 180 días, argumentando que el laboratorio no cumplió sus objetivos de producir medicamentos, ni generó recursos propios, permaneciendo dependiente de transferencias del Tesoro provincial. Además, se señala que los informes sobre su funcionamiento han sido insuficientes.
El proyecto incluye un plazo de 180 días para ordenar la disolución y que la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas supervisen la liquidación para garantizar transparencia, y que el personal sea reubicado para preservar sus empleos. Políticamente, el MPF propone destinar los recursos a áreas estratégicas como salud, educación y seguridad, en lugar de mantener estructuras que generan déficit y no cumplen su función. La decisión final quedará en manos de la Legislatura para determinar si avanza con la derogación tras casi una década desde su creación.
El legislador, Pablo Villegas del MPF explicó los alcances del proyecto y aseguró que vienen trabajando y evaluando desde hace tiempo.
Según el informe más reciente del Tribunal de Cuentas de la provincia, el laboratorio no cumple su función original de producir medicamentos a bajo costo para Tierra del Fuego y el sistema sanitario nacional. En cambio, “actúa como una unidad de negocios que funciona como droguería, comprando medicamentos para luego venderlos a uno de sus socios, el Ministerio de Salud, sin un control adecuado en la mayoría de los laboratorios en Argentina”, explicó el legislador. Esta desviación ha supuesto “serios costos representados en el gasto de miles de millones de pesos de todos los fueguinos sin que se hayan visto beneficios concretos”, denunció.
Además, la gestión de la entidad ha estado marcada por irregularidades administrativas. “Hay procesos judiciales por diferentes manejos que perjudicaron al laboratorio, incluyendo la incineración millonaria de medicamentos adquiridos sin planificación, que nunca fueron comercializados en el sistema local”, agregó. A ello se suma que el laboratorio únicamente tiene autorización para vender en Tierra del Fuego, que es un mercado muy limitado.
Además subrayó que el laboratorio no está funcionando como un espacio de elaboración y producción real de medicamentos, sino simplemente como un intermediario de compras tercerizadas. “El cometido inicial que inspiró la creación de este laboratorio no se ha logrado, y frente al limitado marco de recursos públicos, es necesario redirigir esos fondos hacia las prioridades institucionales que deben garantizar educación pública, salud y seguridad”, sostuvo.
Desde su experiencia personal, aseveró que jamás vio producción real de medicamentos en la empresa y que, en la práctica, “solo se hace el segundo envase, es decir, colocar los blísteres en una caja con prospecto y nada más”. Pese a haber votado a favor de la ley de creación, reconoció que “la idea era buena, pero terminó siendo un problema que hay que rectificar tomando decisiones”.
El legislador también criticó la sobredimensión y la ineficiencia del Estado provincial que ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones básicas constitucionales. “No puede garantizar la educación pública ni la salud en hospitales, ni proveer servicios básicos como energía y agua de forma estable”, señaló. Por eso, reitera la necesidad de mejorar la gestión de los recursos públicos provinciales y evitar desviar fondos a proyectos que no funcionan.
“Tenemos que tener diputados y senadores capaces de defender los recursos de Tierra del Fuego en el Congreso, poniendo siempre los intereses provinciales por delante de los partidarios”, por eso propuso recuperar fondos nacionales para educación e infraestructura escolar, en lugar de generar nuevas cargas fiscales a la población local.
Esta propuesta llegó en un contexto complicado para la provincia, donde múltiples frentes demandan atención urgente y recursos escasos, y pone sobre la mesa la discusión sobre la función real del llamado “Laboratorio del Fin del Mundo” y la dirección que debería tomar el Estado provincial para garantizar el bienestar de la comunidad fueguina sin malgastar sus limitadas finanzas públicas.
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