Antes los reiterados reclamos e inconvenientes de damnificados por las pensiones RUPE, Diana Román, Secretaria de discapacidad de la CTA, dialogó con Radio Provincia sobre lo que está ocurriendo en distintas ciudades.
Diana destacó “estamos haciendo un reclamos administrativos en cuanto al valor del monto de la pensión, porque nosotros estamos en el Observatorio de los Derechos de las personas con Discapacidad, y se acercaron varias personas con la inquietud de que el monto de la pensión no es lo que corresponde por ley, entonces se los acercamos al asesor letrado, y el comprobó, que hay una diferencia de mas de $2.000 en relación al valor de la pensión, con lo que debería cobrarse por ley, que es el equivalente a la categoría 10 del escalafón seco”.
“Iniciamos los reclamos administrativos, que son individuales, la gente está presentándose masivamente para hacer los reclamos y nos enteramos que hay una causa de 12 casos presentada en 2012 que se reactivó, ahora con los dictámenes favorables del fiscal y del defensor público se espera que se expida el juez, ya que los argumentos son a favor de recomponer el monto de la pensión”, agregó.
Consultada sobre un caso en particular explicó “hay un certificado nacional que se llama CUD (Certificado Único de Discapacidad) que tiene que ver con normativas nuevas y que actualmente se otorga cuando uno inicia el trámite en la Dirección de Discapacidad, pero previo a esto existían los certificados de discapacidad provinciales que eran con el que se manejaban todos hace 5 o 6 años, desde ahí mucha gente tiene el provincial o otra el nacional, también se puede tener los dos, y en este caso en particular, se le venció el certificado provincial”.
Continuando con este caso mencionó “cuando el padre fue hacer el reclamo en el Ministerio donde presentó una nota le dijeron que no sabían a qué se refería y este padre imprimió la ley en su casa y se las llevó, ahí le recibieron la nota pero de casualidad, al día siguiente le informan que tiene vencido el certificado provincial y que lo tiene que renovar porque si no, no iba a cobrar la pensión, lo cual es falso. El certificado vencido no tiene validez, y si lo tiene el nacional”.
“Realmente en Río Grande tuvimos muchos inconvenientes con esto, donde hay personas que ni siquiera les han querido recibir el formulario. Estas son estrategias para tapar con un dedo el sol, el certificado nacional tiene vigencia hasta el 2022 y el provincial no se otorga más “aclaró.
“Son, desde 2012, alrededor de 100 millones de pesos que el Estado no le ha pagado a los pensionados, nosotros estamos reclamando primero que se ajusten los montos de la pensión y después veremos lo que corresponde, porque el letrado va a pedir el retroactivo de esos casos y vamos a ver si podemos hacer un reclamo colectivo. Son alrededor de 2500 pesos menos en la pensión que tiene un valor de $ 10.100, 80”, recalcó.
Ante cualquier reclamo o consulta se pueden acercar al Observatorio, por mail a la dirección obsarvatoriodiscapacidadush@gmail.com o vía facebook
