Organizaciones ambientales de Tierra del Fuego, encabezadas por la Asociación Manekenk, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Estado provincial por presuntas irregularidades en el proyecto de cultivo de mejillones que impulsa la empresa Newsan Food S.A.U., con apoyo del Ministerio de Producción y Ambiente.
La presentación acusa al organismo provincial de omitir controles y vulnerar múltiples leyes ambientales, entre ellas las provinciales N° 244, 537, 55 y el Decreto N° 1978/95, así como la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Ambientales (N° 25.675) y el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566).
El reclamo tuvo origen el 3 de septiembre de este año, cuando Manekenk solicitó información pública al Ministerio de Producción sobre los mecanismos de habilitación, control y fiscalización del proyecto. Sin embargo, el organismo negó el acceso al expediente N° 36400/2020, alegando restricciones que, según la asociación, no se ajustan a la Ley Provincial N° 141 de Acceso a la Información Pública.
“No hay evaluación ambiental ni estudios de base concluidos”
Según la denuncia, el proyecto contempla una producción estimada de 1.200 toneladas de mejillones en cinco años, superando ampliamente el límite de 300 toneladas anuales que exige la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA).
Aun así, la empresa no presentó el estudio en el momento de solicitar la ampliación del permiso (Resolución 2650/21), y recién en agosto de 2025 habría iniciado el proceso para contratarlo.
“Operar con una proyección de escala masiva sin contar con la evaluación ambiental aprobada ni con estudios de base concluidos representa una grave vulneración al principio de prevención ambiental y a los derechos de la ciudadanía fueguina a un ambiente sano y a la información pública”, expresó la Dra. Nancy Fernández, presidenta de la Asociación Manekenk.
La organización también advierte que no se determinó la capacidad de carga del ecosistema ni se completó una línea de base ambiental, ya que los relevamientos del fondo marino —encargados al CADIC-CONICET— aún están en revisión por la Secretaría de Pesca y Acuicultura. Esto, señalan, impide conocer el impacto real del proyecto y contraviene los principios de sostenibilidad y precaución ambiental.
Permisos ampliados sin licitación pública
Otro de los puntos cuestionados es la superficie concedida a la empresa: 20 hectáreas de espejo de agua (4 iniciales y 16 adicionales). La Ley Provincial N° 537 establece que no pueden otorgarse más de 4 hectáreas por permisionario y que cualquier ampliación debe realizarse mediante licitación pública.
Para Manekenk, la fragmentación de permisos podría constituir una maniobra para eludir ese procedimiento, vulnerando el espíritu de la norma.
A su vez, las organizaciones mencionan deficiencias operativas que ya obligaron a reasignar parcelas por condiciones técnicas desfavorables, lo que —aseguran— demuestra fallas en la evaluación inicial y la falta de intervención del área ambiental.
Exigen la intervención de la Fiscalía de Estado
En la denuncia presentada, las entidades solicitaron que la Fiscalía:
Evalúe si hubo omisión normativa del Ministerio de Producción.
Intime a las autoridades a cumplir con la legislación provincial y nacional vigente.
Se pronuncie sobre la negativa de acceso a la información pública.
Las organizaciones firmantes reafirmaron su compromiso con la defensa del ambiente y los bienes comunes de Tierra del Fuego, y pusieron a disposición la documentación que respalda la denuncia.
“No se trata de oponerse a la producción, sino de exigir que se respete la ley y se garantice el derecho de todos los fueguinos a un ambiente sano”, concluyó Fernández.
